«Estoy profundamente preocupado por la decisión (de indultar al juez Gómez de Liaño) que ayer (el viernes) adoptó el Consejo de Ministros. Se ha abierto en nuestro país un debate enormemente preocupante. Estamos ante una cuestión de gran calado y trascendencia», dijo José Luis Rodríguez Zapatero, que ofreció una rueda de prensa junto al president del Govern, Francesc Antich, y el secretario general del Comité Mediterráneo de la Internacional Socialista, el chileno Luis Ayala.
Zapatero destacó que opinaba «desde la responsabilidad, sin adelantar las opiniones porque me parece que el equilibrio es un factor decisivo en el comportamiento político y en la democracia». En un tono solemne y grave, el líder socialista aprovechó su desplazamiento a la capital balear para realizar varias consideraciones. «Primero" dijo" hay un dato político relevante. El ministro de Justicia explicó esta política de indulto generalizado que alcanza a 1.400 casos en función de una filosofía que es nueva para el Partido Popular y para el Ejecutivo actual, que se contrapone radicalmente con lo que han venido manteniendo durante años en relación con las penas y su cumplimiento».
Y añadió: «Hemos visto a un ministro de Justicia invocando la función de reinserción social de la pena que, desde luego, marca la Constitución invocando que detrás de muchos condenados que están cumpliendo la pena hay familias, hay hombres de bien, y hay una vida nueva por reconstruir. Y esto me parece significativo, ya que hace pocas semanas el Partido Popular ha estado abriendo el debate de la modificación del Código Penal en relación con muchas penas».
Zapatero dijo que en su opinión, «en ningún caso el Poder Ejecutivo puede suplantar lo que es una decisión de un Tribunal Supremo. En ningún Estado de Derecho, un Gobierno puede decir a un juez dónde puede ejercer, o no, es decir estamos ante un tema grave, y por ello, porque es un tema grave y serio cualquier opinión apresurada sería una demostración de falta de seriedad».