El Ajuntament de Palma ha presentado toda una serie de alegaciones al Plan Director Sectorial Energético de Balears. Cort no considera justificable que el Govern apueste por que la llegada del gas natural se realice por Sant Joan de Déu, en suelo de uso residencial y que, en cambio, vea más peligroso tener las plantas de regasificación dentro del puerto de Palma.
Más aún, el Consistorio se queja de que el plan «carga toda su actuación sobre el municipio de Palma». En este sentido, el alcalde de Urbanismo, Rafel Vidal, considera más lógico que estos depósitos «estén lejos de centros urbanos y núcleos poblacionales». Otra de las alegaciones se refiere a la «falta de concreción» del plan. Según Cort «no se justifica la localización de las zonas de llegada del gas natural». Por lo que se refiere a la red de transporte de la energía y conducción del combustible, el plan califica una «reserva de suelo» en la planimetría «pero ésta no tiene la escala adecuada para poder saber la afección sobre el territorio del término municipal», lamenta Cort.
El Consistorio se queja también de que «no se realicen estudios previos de los emplazamientos de los puntos de suministro ni de las instalaciones de almacenamiento que, en el caso de Mallorca se realizan todas en Palma, y que no haya más alternativas». Según el Ajuntament, el plan «tampoco establece medidas para el fomento de la eficiencia y ahorro en el consumo, especialmente en el alumbrado público». Por todo, los responsables municipales consideran que «la documentación aportada es insuficiente y que del anexo cartográfico no se puede deducir su afección completa en Palma, pues sólo se reservan los terrenos de Sant Joan de Déu, por lo que se refiere al área de suministro y almacenamiento, así como un área no determinada de Palma».
Por otra parte, la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, reconoció que el plan energético autonómico realizado por la Conselleria de Innovació «se queda corto» en lo referente al fomento de las energías limpias. Estas declaraciones, efectuadas por la consellera en su ponencia en el V Congreso Nacional de Medio Ambiente, se suman a las críticas que, sobre la futura normativa, han efectuado grupos ecologistas como el GOB, que el pasado viernes pidió su retirada o modificación total.