La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, que corresponde a la oficina del Defensor del Pueblo de España, recibió el año pasado casi 17.000 denuncias de violaciones de los derechos humanos, a cuya investigación tuvo que hacer frente con un presupuesto exiguo. Así lo expuso ayer, en Palma, el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Julio Eduardo Arango, quien asegura que su departamento no tiene capacidad económica, a pesar de ser una figura elegida por el Congreso, «porque la forma que tiene el Estado de castigarnos es reduciendo el presupuesto para que no podamos cumplir con nuestra misión», declaró.
Arango explicó que, sin embargo, pueden desarrollar su labor gracias al apoyo de la cooperación internacional, en concreto, de Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda y España. Según el procurador, España coopera con su departamento a través de la financiación de las juntas municipales de la niñez, que vienen a ser como defensores del menor en los distintos municipios, una labor que también va a contar con el apoyo de Suecia.
El defensor del pueblo de Guatemala, que fue recibido en audiencia por el presidente del Govern, Francesc Antich, y la directora general de Cooperació, Assumpta Gorrías, agradeció la buena acogida dispensada por los representantes de Balears y su deseo de cooperar, que tiene como antecedente toda una década de cooperación del sindicato STEI-i y Ensenyants Solidaris.
Arango destacó el papel «importante» realizado por el STEI-i en Guatemala, cuyos representantes «participaron como observadores en las últimas elecciones y han trazado fuertes lazos con nuestro país». Para el procurador, «nuestros pueblos sólo saldrán adelante con educación». Julio Arango opina que Guatemala está siendo atacada ahora por «otra forma de imperialismo, la globalización, que sólo se podrá neutralizar con información y educación».