La Guardia Civil y la Policía Nacional han registrado en Balears, entre enero y septiembre de este año, un total de 14 denuncias por impago de prestaciones económicas después de la ruptura de la pareja, mientras que en toda España el número asciende a las 1.592.
Según los datos que ha remitido el Gobierno a la diputada socialista María Jesús Arrate con motivo de una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Efe, el Ejecutivo ha remitido al Congreso una lista de las denuncias presentadas por comunidad autónoma y encabeza la clasificación Canarias con 315 denuncias; seguida de Andalucía, con 269; Madrid, con 222; y Cataluña, con 167 denuncias.
Completan la lista Murcia, con 120 denuncias registradas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía; la Comunidad Valenciana, con 91; Castilla y León, con 82; Galicia, con 70; Extremadura, con 65: Castilla La Mancha, con 62; Asturias, con 55; Cantabria, con 34; Aragón, con 21; Balears, con 14; Navarra, con 4; y Melilla, con una denuncia.
El año pasado se registraron un total de 2.611 denuncias por impago de pensiones tras la ruptura matrimonial y también encabezó la lista Canarias, donde se presentaron un total de 476 denuncias.
La diputada socialista pide al Gobierno que explique cuáles son las previsiones acerca de la creación de un fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias, petición de los grupos de la oposición que fue rechazada el pasado mes cuando se debatió en el pleno del Congreso de los Diputados.
Tanto el partido socialista como Izquierda Unida y el grupo mixto abogaron en esa ocasión por crear un fondo que garantice el pago de alimentos en los supuestos de ruptura matrimonial cuando el cónyuge obligado al mismo no lo realice.