J.M.R./C.M.C.
El informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de
Policía en 1991 sobre el llamado «caso Son Dureta» pone de
manifiesto una serie de irregularidades administrativas que
podrían, incluso, tener una trascendencia jurídico-penal.
El primer punto de la investigación gira en torno a marcapasos e implantes. En él se recogen situaciones detectadas en las cuentas económicas tales como duplicidad de implantes al mismo paciente, implantes contradictorios, implantes de marcapasos a personas fallecidas, falta de identificación del paciente implantado... y que se apuntan a «un caos administrativo y gestionario que tiene su principal origen en una falta de cumplimiento del protocolo administrativo por parte de la totalidad de departamentos, secciones o ámbitos que tiene relación con dichas prótesis».
La policía no duda en señalar que «queda abundantemente acreditado» que «en febrero de 1991 existía un descuadre de 16 millones en los inventarios efectuados en los stock de prótesis, entre las existencias reales y las que deberían existir, que fueron cuadradas salvajemente». Asimismo dice que había casos en que «se confeccionó o falsificó documentación para justificar como implantadas prótesis desaparecidas o extraviadas» y citan, de ejemplo de ello, una pregunta muy clarificadora recogida en el informe de los inspectores del Insalud: «¿Cómo se puede rellenar un documento en una fecha, en que dicho documento no existía y estar firmado por un paciente de UCI que como indicamos es exitus (fallecido) en esa misma fecha».