El Servicio de Infracción Urbanística del Ajuntament de Palma se encuentra completamente colapsado, con cerca de 8.000 expedientes pendientes de resolución, según reconoció ayer el teniente de alcalde de Urbanismo, Rafel Vidal.
Para poner remedio a esta situación e ir sacando adelante expedientes, el Gobierno municipal ha puesto a trabajar a seis personas mañana y tarde, haciendo horas extras, y ha contratado a tres más a través del IMFOF para organizar los archivos y agilizar las labores administrativas. En estos momentos, trabajan en este departamento reforzado un total de 33 personas.
Por lo pronto, y como prueba de que el departamento ha despertado, la Gerencia de Urbanismo aprobó ayer la propuesta de inicio de 18 expedientes sancionadores graves por obras ejecutadas sin licencia, que suponen multas que alcanzan cuantías millonarias en algunos casos. La más alta, con 5.800.000 pesetas de sanción, se refiere al expediente abierto por el hotel Sant Jordi, de la calle Grúa, esquina calle Marbella. A los responsables de todas estas obras se instará ahora a legalizar los trabajos y la multa económica final dependerá de si ésta es o no legalizable y de si los autores son reincidentes, entre otros factores.
Además, sólo la semana pasada se remitieron 19 expedientes a informe técnico, 28 fueron remitidos a celadores, 13 fueron resueltos y archivados, se emitió una propuesta de demolición, otro continuó el proceso sancionador y once más prosiguieron su tramitación.
La mayor parte de los expedientes pendientes se refieren a los últimos cuatro o cinco años, pero también los hay que se remontan a 1975 y otros muchos a los años ochenta.