S. CARBONELL - EFE
La Conselleria de Benestar Social dispondrá en 2001 de un
presupuesto que supera a los 12.500 millones de pesetas, lo que
supone un incremento del 20 por ciento con respecto al anterior
ejercicio, y algo a considerar teniendo en cuenta que la
conselleria que dirige Fernanda Caro está en fase de traspaso de
competencias a los Consells Insulars.
Benestar Social empleará el próximo año 649 millones de pesetas en actuaciones en favor de los jóvenes de las Islas, lo que supone un aumento del 30 por ciento respecto a este año, mientras que las políticas de la mujer contarán con 188 millones, un 147 por ciento más que en el ejercicio actual. Tras un año de «dificultades marcado por la herencia recibida», comentó Caro en su comparecencia parlamentaria para explicar el presupuesto de su departamento, esta Conselleria inicia en el 2001 la consolidación de una red de servicios sociales, con la participación de todas las entidades de nuestra comunidad, para poner en marcha «una política social más cercana a las personas con más dificultades».
Caro se refirió a las actuaciones en favor de la mujer como unas de las más innovadoras a nivel estatal y recordó que las políticas de igualdad de género «continúan siendo uno de los ejes prioritarios de la política del Pacte de Progrés», pasando el Institut Balear de la Dona de los 60 millones de este año a los 188 del próximo. Además de los 1.218 millones en ayudas a la cooperación internacional, el 0'77 por ciento, el Govern iniciará la construcción, con 100 millones de pesetas, de un centro en Palma para personas mayores que sufren discapacidades físicas.
Desde la oposición, el diputado del PP Antoni Pastor denunció la «falta de ética y responsabilidad de la consellera porque su discurso de austeridad no coincide con el aumento del gasto corriente y de personal». Pastor calificó de «un timo y un engaño propio de un juego de trileros los esfuerzos de la Conselleria de disminuir y esconder la partida económica real» de Bienestar Social que se transferirá a los consells insulars, que «así seguro que no podrán ofrecer un buen servicio a los ciudadanos», concretó Antoni Pastor.