El Govern pretendía aprovechar los presupuestos de la Comunitat del próximo año para premiar a los funcionarios de libre designación. En uno de los borradores del proyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que obra en poder de este periódico, se incluía un artículo cuyo objetivo era reservar las plazas a los funcionarios de confianza. Es decir, los funcionarios que ocupasen jefaturas podrían acceder a sus antiguas plazas al ser cesados en sus puestos. Sin embargo, desde la Conselleria d'Hisenda se frenó la propuesta que se planteaba desde el departamento de Interior ante la amenaza de que dicho artículo pudiese ser recurrido en el Tribunal Constitucional.
En la actualidad, cualquier funcionarios de libre designación que deje de ocupar una jefatura está a la espera de que se le asigne una plaza que tenga vacante la Comunitat Autònoma. De esta manera, un funcionario de confianza puede ser, incluso, obligado a cambiar de residencia. En cambio, el Govern quería que esta situación cambiase y que los funcionarios de libre designación pudiesen disponer de su plaza original.
El artículo 21 del proyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos incluía esta posibilidad, aunque el texto que hoy registrará el conseller d'Hisenda en el Parlament no prevé la medida que se planteaba desde la Conselleria d'Interior. Al parecer, y según fuentes del Govern, el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, temía que los presupuestos pudiesen ser recurridos ante el Tribunal Constitucional.
La decisión del actual Govern de aumentar los puestos de libre designación ha sido uno de los pocos asuntos laborales que no han contado con el apoyo de los sindicatos. En concreto, las centrales sindicales votaron en contra de la propuesta de modificación del catálogo de puestos de libre designación para incrementar las plazas de confianza que ocupan los funcionarios.
La Mesa General de Negociación de la Comunitat Autònoma, integrada por el Govern y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STEI, estudió en el mes de abril una propuesta de la Conselleria d'Interior de aumentar las plazas de libre designación. Finalmente, el Ejecutivo autonómico decidió impulsar su medida a pesar de tener la oposición frontal de los sindicatos. El Govern minimizó los efectos del nombramiento de 47 nuevas plazas de confianza, mientras desde los sindicatos se denunció la politización de la carrera de la función pública.