Hasta el 1 de enero de 2001. Ése es el plazo que tienen los propietarios del restaurante Can Barrufet para abandonar el local que será derribado con el objeto de ejecutar el desdoblamiento de la carretera Palma-Son Ferriol.
Antes de llegar a este extremo, los propietarios "Santa Caldero Raso y sus hijos Maria Jesús y Carlos Mejías" quieren agotar todas vías posibles para evitar la expropiación, aunque la suerte ya está echada. María Jesús Mejías explica que lleva años luchando para evitar la expropiación. Ha intentado llegar a un acuerdo económico con la Conselleria d'Obres Públiques, pero no ha sido posible.
Desde 1988, esta familia tiene noticias de que el restaurante iba a ser expropiado, aunque fue hace dos cuando comenzó a tramitarse el expediente. Se firmó el acta previa y el Govern les dio en depósito 21 millones de pesetas, que se han negado a tocar. Ahora están en la fase del justiprecio. La Administración les ofrece 68 millones de pesetas, pero los titulares de Can Barrufet no lo aceptan. Les parece poco por un restaurante próspero y una vivienda.
En un momento de la negociación, los afectados pidieron 99 millones de pesetas por esta propiedad, pero ahora ni el dinero les interesa. «No queremos dinero, sino que me den lo mismo que nos quitan, un restaurante y una vivienda, aunque sea en la otra punta de la Isla», indica María Jesús Mejías, quien destaca la dificultad para encontrar en la Isla un negocio que pueda reemplazar al que tienen. «No nos negamos a la ampliación de la carretera, pero ¿por qué nos tenemos que perjudicar nosotros por el bien público?», se pregunta.