El Consell Insular de Mallorca aprobó ayer, con la abstención del PP, la moratoria urbanística, que frenará la construcción de aquellas urbanizaciones previstas en zonas POOT y la Serra de Tramontana que no cuenten con los servicios mínimos para poder ser edificadas. El portavoz del gobierno del Consell, Miquel Nadal, defendió que la medida «es un ejercicio de responsabilidad» y subrayó que «la medida se ha adoptado pensando en los ciudadanos de la isla».
Josep Gomila, del PSM, destacó que el Consell «tenía la obligación de hacer esta norma», y no ocultó su decepción «ante la construcción en la primera línea de Calvià».
El socialista Pere Massutí opinó que la moratoria urbanística «tenía que haberse aplicado en toda Mallorca, y no sólo en las zonas afectadas por el Plan de Ordenación de la Oferta Turística». Marinela Tugores, de Esquerra Unida"Els Verds, dijo que la norma cautelar se había redactado con precipitación «ante la necesidad de evitar la especulación». Al igual que el portavoz del PSOE, Tugores defendió que la norma tendría que haber sido «mucho más amplia».
Jaume Font, del PP, cuestionó los cambios que había introducido el Consell a la norma cautelar. Según Font, «algunos cambios son interesados y otros, interesantes». «Hay muchos dirigentes de los partidos políticos que apoyan la moratoria que han sacado deprisa y corriendo las licencias para evitar la norma cautelar», denunció el portavoz popular.
Font aseveró que la moratoria «sólo va a afectar a seis planes parciales que ya se han aprobado» y negó que la norma pueda impedir la construcción de 300.000 nuevas plazas residenciales, tal y como afirma el Consell. El portavoz del PP criticó la norma por ser «confusa» y advirtió que la moratoria «no la entenderán en la mayoría de los ayuntamientos de Mallorca». Font planteó la necesidad de realizar una nueva exposición pública de la norma cautelar.