El Parlament balear aprobó ayer la Ley de Consells con el apoyo de todas las formaciones políticas del Pacte de Progrés y el rechazo del PP, que considera el texto inconstitucional. En principio es enormemente positivo que la Administración se acerque a los ciudadanos y que los Consells Insulars puedan convertirse, respectivamente, en el auténtico gobierno de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, con la asunción de mayores competencias y con un mayor poder de decisión.
A nadie se le oculta que la gran promotora de esta reforma ha sido Unió Mallorquina. Desde el PP se acusa a Maria Antònia Munar de haber obligado al Govern a aprobar esta ley para poder formar un gobierno insular a la medida de un partido que sólo logró tres diputados. Sean cuales fueren las intenciones de UM, lo cierto es que la peculiar idiosincrasia y las múltiples diferencias de cada uno de los territorios insulares aconsejaban adoptar esta reforma, que abre el camino para una nueva forma de gobernar estas Islas, sin que ello signifique el desmembramiento de la Comunitat Autònoma. No obstante, sí hay que exigir un control riguroso en el crecimiento del funcionariado. Es lógico que crezca la Administración insular, pero debe ser a costa de la autonómica.
Tal como ha apuntado el PP, existen dudas de orden jurídico por lo que respecta a la designación de consellers no electos. El Govern autonómico sí puede tenerlos, pero algunos expertos señalan que en los Consells, como órganos de la Administracion local, no existe esta posibilidad. Habrá que ver cuál es la decisión que adopta el Tribunal Constitucional. Lo lamentable es que en su momento no se impulsara una reforma del Estatut d'Autonomia que permitiera salvar este posible escollo legal.
Al margen de estas cuestiones jurídico-políticas, lo cierto es que se abren nuevas perspectivas esperanzadoras para los ciudadanos de las Islas.