El Govern del Pacte de Progrés, y en concreto el conseller d'Interior, Josep M. Costa, se ha tomado muy en serio la regularización de la Funció Pública en todos sus sentidos, y las críticas, de unos y de otros, no han impedido adoptar decisiones tan polémicas como el bolsín de interinos o la reforma del catálogo de puestos de trabajo de la Comunitat Autònoma, que han servido para poner orden en ella. La última decisión, polémica y que traerá cola, ha sido el acabar con un viejo privilegio de los funcionarios autonómicos: darles libre los días 24 y 31 de diciembre.
Dos días laborales para el resto de trabajadores, no contemplados como festivos por el calendario laboral de Balears, y que además de suponer un agravio comparativo con el resto de trabajadores (de las empresas privadas) suponen paralizar la administración.
Sin embargo, para los funcionarios de otras administraciones como la central o la local, caso del Consell de Mallorca y del Ajuntament de Palma, estos días seguirán siendo festivos y como este año coinciden en días no laborables tendrán ese año dos días adicionales de asuntos propios.
El Govern basa su decisión en que ni el decreto por el que se regula la concesión de vacaciones y días libres en las Islas prevé que los días 24 y 31 de diciembre sean no laborables, en el agravio comparativo que supone para otros trabajadores y en la paralización de la administración que suponía. No obstante, desde hace años en la Comunitat Autònoma se había permitido que estos días los funcionarios no fueran a trabajar si coincida con un día laborable. Ello provocaba que sólo quedaran abiertas y funcionales, en las conselleries y otros locales de la Administración autonómica, las oficinas de registro.