Habrá que seguir pagando el agua que se consumió durante la «Operación barco». Así se desprende de la auditoría que la empresa Faura Casas ha elaborado para el Govern balear en el consorcio de aguas de la Bahía de Palma de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998 y del periodo comprendido entre el uno de enero y el 30 de junio de 1999.
El Govern ha pedido auditorías de todos los consorcios y entidades en las cuales participa y esta es una de las primeras que han sido finalizadas. Según la auditoría, «el coste total de la operación llevada a cabo por el consorcio se cifra en 7.365 millones de pesetas». Los ciudadanos de la Bahía de Palma deberán seguir pagando hasta el año 2006 a razón de 441 pesetas el metro cúbico de agua trasbasada y ya consumida, un precio cinco veces superior al del agua procedente de la desaladora.
«Del coste de la operación de compra, transporte y distribución de agua procedente del río Ebro, nada más el 35% del mismo ha sido satisfecho durante la prestación del servicio. El resto del coste se ha diferido mediante la formalización de un préstamo de 4.302 millones de pesetas para ser amortizado hasta el ejercicio del 2006, comportando un gasto financiero estimado en unos 1.441 millones de pesetas».
Los auditores han sido muy duros al afirmar que «la práctica de diferir el coste de unas gastos corrientes a ejercicios posteriores a aquellos en que el gasto se ha producido no puede ser considerado como una gestión adecuada». «Asímismo, destinar una operación de préstamo a financiar gastos ordinarios es una práctica no permitida por la normativa reguladora de las haciendas locales a la que, dando el carácter de 'consorcio local', se ha de someter el ente auditado».