Representantes de las entidades y organizaciones integradas en la Plataforma por la Convivencia entregaron ayer en el Parlament balear un manifiesto en el que rechazan la reforma impulsada por el PP, porque supone «un atentado intolerable a los derechos fundamentales de los inmigrantes, primando su situación administrativa por encima de su condición humana».
La diputada socialista Francina Armengol recogió el documento, acompañada del senador por Balears Manuel Cámara y de la consellera de Benestar Social, Fernanda Caro. Manuel Cámara recordó que en ese momento se debatía en el Congreso de los Diputados cinco enmiendas presentadas por IU, PNV, EA, BNG y IC al proyecto de reforma de la Ley sobre los derechos y las libertades de los extranjeros en España y su integración social, en las que piden su derogación.
Cámara discrepó en relación a que esta ley esté teniendo un efecto llamada y dijo que dos de cada tres subsaharianos quieren venir a Europa, porque huyen del hambre, de la guerra y, en general, de unas peores condiciones de vida. «Sólo se puede combatir esta situación con la ayuda y cooperación a estos países», declaró Cámara. Para el senador, el PP intenta culpabilizar a la ley de la llegada de inmigrantes a España e intenta introducir elementos de disminución de los derechos y libertades en este país, cuando esta ley, tal y como está ahora, «protege desde el punto de vista social y laboral y ofrece garantía jurídicas a los inmigrantes en este país».
Por su parte, Mustafá Boul'Harrak, portavoz de la Plataforma, calificó el esfuerzo de sacar adelante una ley que intenta reducir los derechos de los inmigrantes de «desafío a la sociedad civil». En su opinión, este empeño demuestra la actitud del Gobierno hacia trabajadores que contribuyen en el desarrollo económico de un país. Según Boul'Harrak, «no es verdad» que la ley esté provocando un efecto llamada, porque se está llevando a cabo una política de visados en la que se niega cualquier visado, hasta a aquellos que tienen derecho por reagrupación familiar, etc. En Balears, la ley afecta a todos los inmigrantes, que tienen papeles y que no, que Boul'Harral cuantificó en torno a 25.000.