Los pescadores de Mallorca decidieron ayer no bloquear el puerto de Palma, tal y como habían anunciado tras su reunión de la mañana, debido a las presiones de la Delegación de Gobierno que les amenazó con abrirles expedientes con sanciones de 20 millones de pesetas si llevaban a cabo su protesta.
El sector había amenazado con bloquear el puerto poco después de que la policía antidisturbios les obligara a abandonar la protesta frente a los depósitos de CLH en Son Banya y, ayer por la mañana, tras una reunión en la Casa del Mar, decidieron que el bloqueo se produciría hoy de 11'00 a 13'00 horas. Esta información llegó a la Delegación de Gobierno e, inmediatamente, convocaron una reunión en la que, entre otras cosas, les dijeron que la Ley de Puertos, en su artículo 112, contempla sanciones de 20 millones de pesetas para este tipo de acción.
Un portavoz de Delegación del Gobierno también comentó a los representantes del sector que ayer por la mañana se había dado entrada a algunos expedientes por el bloqueo del puerto que, el pasado 20 de septiembre, realizaron los pescadores durante cinco horas. La Delegación de Gobierno comentó que, bajo ningún concepto, se podía permitir una sensación de psicosis como la producida en los pasados días por la falta de combustible y que no autorizarían el bloqueo del puerto. La contundencia de las posibles sanciones, que afectaría, y mucho, a un sector castigado que lleva quince días sin faenar y sin cobrar, hizo que los dirigentes se plantearan desconvocar la protesta, decisión que se reafirmó al conocer las noticias de Madrid que apuntaban a un principio de acuerdo entre el Gobierno central y la Federación de Cofradías.
Por su parte, el PSM pidió ayer, al igual que los dirigentes de Unió de Pagesos y de la PIMEM sector transportes, la «inmediata dimisión» de la Delegada del Gobierno, Catalina Cirer, «por su desafortunada actuación».