Era previsible que el bloqueo de la salida de camiones en los depósitos que la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) tiene en Son Banya tuviera sus consecuencias, aunque no se esperaba que alcanzase el nivel de gravedad que se pudo percibir ayer en las proximidades de las estaciones de servicio. Es cierto que existían problemas de abastecimiento en algunas gasolineras, pero el hecho de que los ciudadanos acudieran de forma masiva a llenar sus depósitos no ha hecho más que empeorar una situación ya inicialmente delicada. Con esta reacción lo único que se ha conseguido es acelerar el proceso de desabastecimiento de combustibles.
Ante estas circunstancias, cabe reflexionar muy seriamente sobre las actuaciones de protesta que pescadores y agricultores llevan a cabo por el incremento de los precios de los carburantes. No estamos ante una huelga, estamos ante un bloqueo de unas instalaciones claves para el normal funcionamiento de la vida ciudadana. Cuando las acciones reivindicativas, totalmente ilegales, comienzan a afectar de forma tan negativa a la mayoría de los ciudadanos, se está superando el nivel de lo admisible y es necesario que las autoridades adopten las medidas precisas para evitar situaciones caóticas que suponen graves perjuicios para toda la sociedad. De persistir la situación, faltará combustible no sólo para el transporte privado sino para el público: autocares, camiones, taxis, ambulancias... Es cierto que anoche se llegó a un acuerdo denominado de «servicios mínimos», pero ¿quién garantiza que el poco carburante que se permite salir vaya a parar a los servicios más esenciales?
Significativamente, las muestras de apoyo de los ciudadanos hacia la protesta de pescadores y agricultores dieron paso al final del día a expresiones de indignación y malestar por el colapso.
Tienen todo el derecho a defender sus intereses, pero no a poner a una comunidad en situación limite.