El 23 de junio el Govern del Pacte de Progrès aprobaba el impuesto turístico, solventando de raíz toda una serie de incógnitas sobre su puesta en marcha en esta legislatura. La reacción furibunda del sector turístico, en concreto del hotelero, contra este impuesto y el debate social que se ha generado, en opinión del propio Govern, ha concienciado aún más a la sociedad balear sobre el futuro modelo económico de las Islas, basado principalmente en la sostenibilidad.
El proyecto de ley aprobado por el Govern, que será tramitado en el Parlament a lo largo de los próximos meses, prevé que el impuesto se aplique seis meses después de su aprobación, aunque todo apunta a que sea en enero de 2002 cuando comience su recaudación. Los visitantes que se alojen en establecimientos turísticos pagarán entre dos euros y 0'25 euros, en función de la categoría del establecimiento donde se hospeden.
Los argumentos esgrimidos por todas las partes difieren en la modalidad del cobro, objetivos y finalidad del impuesto, que ha conllevado polémicas de todo tipo, así como el enfrentamiento frontal entre el Govern y la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, que lo critica abiertamente en todos los foros turísticos.
El Parlament balear tiene la última palabra, pese a las presiones que están recibiendo algunos partidos del Pacte de Progrès para que voten en contra de este proyecto de ley, que se ha convertido en la bandera del propio Pacte, como así lo ha reconocido el propio Francesc Antich.