Els Verds anunciaron ayer su intención de no dar apoyo al impuesto turístico, más conocido como ecotasa, si la recaudación del mismo no se destina de forma íntegra a mejoras medioambientales, oponiéndose a que con ese dinero se financien mejoras en las infraestructuras.
Realmente, si el impuesto turístico es una «ecotasa», lo lógico sería que todo el dinero recaudado se destinase a una finalidad medioambiental. Tan lógico es el planteamiemnto de Els Verds como el de aquéllos que defienden que el impuesto lo paguen no solamente los visitantes que pernoctan en hoteles, sino todos los que llegan a las Islas. La «opción hotelera» ha sido simplemente la más fácil, pero no la más justa, dada la oposición del Gobierno central a aplicar una tasa de entrada en los aeropuertos. Estamos, pues, ante un proyecto de impuesto que intenta salir adelante con limitaciones y que cuenta no sólo con la oposición del sector hotelero, sino también de uno de los partidos socios del Pacte. Y esto es más grave.
Obviamente, cabría esperar que un proyecto de ley saliera del Govern debidamente consensuado entre todos los socios del Pacte, pero hay que admitir que Els Verds tienen toda la legitimación para introducir enmiendas en el trámite parlamentario. Lo que Els Verds no pueden hacer, por mínima lealtad, es amenazar al president con no apoyar el texto si no se modifica. Tiene toda la razón Antich al decirles que deben escoger: o estar en el Govern o estar en la oposición. Antich ya ha adelantado que puede verse en la necesidad de adoptar decisiones al respecto. Es decir, destituirá a la consellera verde, Margalida Rosselló. Ahora son Els Verds quienes deben mover ficha. Sólo falta por saber si se impondrá la línea más posibilista de Rosselló o la más radical de Joan Buades, que ya fue destituido en Eivissa bajo la acusación de falta de lealtad.