Las modificaciones introducidas por el Govern en el Plan Director de Carreteras para eliminar las autopistas suponen variar en un 76 por ciento los presupuestos y proyectos contemplados en el convenio suscrito con la Administración central, según consta en la alegación presentada por el Ministerio de Fomento, a través de la Delegación de Gobierno de Balears. El pasado día 8 de septiembre concluyó el plazo de exposición pública del documento que prevé el desdoblamiento de cuatro vías de Mallorca. En total, se han presentado 25 alegaciones.
Delegación de Gobierno ya advertía en esta alegación de que «en caso de que sea aprobada (la modificación) se deberá replantear en todos sus términos el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Comunitat Autònoma, toda vez que sus fines y objetivos son sustancialmente modificados respecto a los anteriores».
El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) tampoco está del todo de acuerdo con los planes del Govern. Manifiesta su conformidad con el desdoblamiento de la carretera de Manacor y de la vía Palmanova-Peguera, sin embargo rechaza que esta solución se aplique en los tramos de carretera entre s'Arenal-Llucmajor e Inca-sa Pobla. En ambos casos, el grupo ecologista considera que el tráfico se descongestionaría rectificando curvas, construyendo un tercer carril e iluminando las rotondas y carreteras.
El resto de alegaciones proceden en su mayoría de los ayuntamientos de Balears. Catorce ayuntamientos han presentado alegaciones, aunque no todas hacen referencia específica a la supresión de las autopistas. Entre los más críticos se encuentra el Ajuntament de ses Salines que estima que «la mejor solución» al elevado tráfico es la construcción de la autopista hasta Felanitx, pasando por Llucmajor y Campos. En su caso, proponen el desdoblamiento de la carretera hasta Santanyí y Campos.
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca también ha presentado alegaciones y pide que las soluciones técnicas que se adopten para materializar el plan de carreteras no impidan, en ningún momento, que en el futuro se puedan tomar medidas urgentes derivadas del aumento del tráfico rodado.