La escalada del precio de los carburantes ha provocado ya el anuncio de un boicot a Repsol YPF por parte de los consumidores y asociaciones profesionales diversas que puede extenderse a las otras petroleras que operan en el territorio nacional. Ayer mismo, el precio del barril de crudo Brent alcanzó su máximo histórico, lo que hace que las previsiones para el futuro inmediato sean muy poco halagüeñas.
La culpa la tiene el precio del petróleo, pero no toda. No hay que olvidar que en España los carburantes tienen un importante gravamen fiscal. El portavoz socialista Jesús Caldera aseguraba que en el año 2000 el Gobierno está recaudando mil millones más diarios por el impuesto de carburantes y otros mil por el IVA de los mismos. Es evidente que las arcas del Estado no están sufriendo ninguna crisis. Todo lo contrario de lo que les ocurre a tantos profesionales cuya actividad depende del gasóleo.
La reivindicación de los consumidores, particulares y profesionales, es que se adopten medidas de carácter inmediato para reducir los impuestos sobre las gasolinas y los gasóleos, al tiempo que se solicita la creación de un gasóleo profesional a un menor precio.
Pero a medio y largo plazo es preciso que se liberalice el mercado, puesto que el monopolio de hecho existente en nuestro país hace que las petroleras obtengan grandes beneficios e incrementen los precios sin temor a sufrir los efectos de la libre competencia. Y tampoco son válidos los argumentos de las petroleras y los del Gobierno cuando aseguran que España tiene los precios más bajos de la Unión Europea, por cuanto los ingresos medios de los ciudadanos de otros países comunitarios son todavía superiores a los nuestros. Si no se adoptan de forma inmediata soluciones, el incremento continuado de los carburantes puede poner en jaque todas cuantas previsiones económicas puedan hacerse.