La Conselleria de Benestar Social tiene ya decidido aprobar este año una nueva subida de las pensiones, a pesar de que dos informes internos del Govern alertan de los riesgos jurídicos de la aprobación de este complemento. Diversos responsables de la Conselleria mantuvieron ayer una reunión para estudiar la mejor forma técnica de aplicar esta subida. En la reunión quedó prácticamente cerrada la decisión de subir las pensiones, según explicó el secretario general técnico de la Conselleria, Agustín Aguirrebengoa, a falta de encontrar la solución técnica más adecuada.
El secretario general técnico reconoció que es cierto que el Govern dispone de dos informes que alertan de los riesgos jurídicos de aprobar esta subida de pensiones. Ambos informes recuerdan que la anterior subida de pensiones fue recurrida por el Gobierno central, que ha planteado un recurso de competencias contra el Govern. Para defender su posición, el argumento jurídico del Ejecutivo en este conflicto fue que la subida de pensiones responden a una excepcionalidad basada en las dificultades económicas que atraviesan los perceptores de las pensiones más bajas. Los informes alertan de que otra subida iría en contra de esa excepcionalidad, con lo que el Govern perdería argumentos en el conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo de José María Aznar.
Sin embargo, desde la Conselleria de Benestar Social consideran que existen justificaciones suficientes para aprobar una nueva subida. El secretario general técnico de este departamento señaló que el Govern tiene decidido aprobar el nuevo incremento de pensiones dado que se mantiene la situación de excepcionalidad del año pasado. Lo responsables de la Conselleria defienden que este año se dan las mismas circunstancias que el año pasado para aprobar la subida, ya que las pensiones asistenciales y no contributivas son tan bajas que ni siquiera se acercan al salario mínimo interprofesional.