El 'caso Pinochet' ha abierto el camino para que otros culpables de graves delitos contra la humanidad paguen por sus crímenes pese a que en sus países hasta ahora se hayan librado de la acción de la Justicia. Unas vergonzosas leyes «de punto final» han permitido que los militares y policías argentinos y chilenos acusados de torturas y violaciones sigan en libertad mientras los familiares de los desaparecidos y torturados continúan exigiendo que sean procesados. Ahora, y de la mano del juez Garzón, le ha tocado el turno a un ex capitán de la Armada argentina, Miguel Àngel Cavallo, por las torturas presuntamente cometidas en la siniestra Escuela Mecánica de la Armada Argentina.
El error de Cavallo fue salir de su país. En el aeropuerto de Cancún fue apresado por la policía mexicana, dando cumplimiento a una orden internacional de detención cursada por un juez español sustituto del juez Garzón. Cavallo estaba en México con un pasaporte falso. Ahora se inicia un período de 60 días en el que España debe formalizar la demanda de extradición a las autoridades mexicanas. Pero Garzón no es el único juez europeo que quiere procesar al presunto torturador "acusado por el fiscal argentino Strassera de 226 violaciones de derechos humanos", también un juez francés quiere interrogarlo por la desaparición de unas religiosas francesas durante la dictadura argentina.
No faltará quien diga, como se dijo cuando el 'caso Pinochet', que el juez Garzón debería investigar asuntos de carácter nacional y dejar que cada país resuelva los suyos. Pero hay que refutar estas afirmaciones. Primero, porque entre los torturados había españoles, y segundo, porque la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras. Los genocidas deben saber que en ningún lugar podrán sentirse a salvo y que en sus propios países la impunidad de la que han disfrutado puede tener los días contados.