El expediente del Govern a GESA por el apagón del pasado 15 de junio, y sucesivos, concluye que la empresa actuó con negligencia y fue responsable absoluta de los fallos que provocaron la falta de fluido. El instructor del expediente considera que GESA cometió faltas «muy graves». En el expediente se comunica a la empresa que las sanciones pueden llegar a los 50 millones de pesetas y se da un plazo a GESA para que presente alegaciones. Según las fuentes consultadas, la empresa no ha recibido todavía la comunicación oficial del expediente pero sí tiene conocimiento extraoficial de las conclusiones.
El expediente está ya prácticamente cerrado a la espera de las conclusiones definitivas. Los departamentos de Energia e Indústria del Govern, que dependen de Misericòrdia Ramon y de Pere Sampol, respectivamente, coinciden en que las faltas son muy graves y tan sólo existen discrepancias de matices con respecto a los artículos de la normativa sobre el sector eléctrico que deben aplicarse. En el expediente se descarta de plano la versión ofrecida por la empresa desde que se produjo el apagón. GESA ha defendido en todo momento que el apagón se debió a un fallo mecánico, fortuito y que resultaba absolutamente imprevisible.
El expediente del Govern, por el contrario, asegura que la empresa fue responsable directa del apagón debido a diversas negligencias en el mantenimiento de las instalaciones y en la falta de previsión ante una situación límite de estas características. El expediente concluye que GESA no actuó además correctamente una vez que se produjo el fallo inicial.
El expediente contiene dos aspectos claves que pueden tener graves consecuencias económicas para la empresa. Por un lado, se le notifica que puede ser sancionada con multas de hasta 50 millones de pesetas. Pero además, el hecho de que el apagón fuera responsabilidad de la empresa puede derivar en el pago de indemnizaciones a los particulares afectados. Al existir negligencia por parte de la empresa de gas y electricidad, los empresarios y los ciudadanos afectados por el apagón podrán exigir indemnizaciones por daños y perjuicios. En este caso, las empresas y los particulares afectados deberán certificar la cuantía de estos daños para reivindicar después el pago económico de estas reclamaciones.