Los graves incidentes que se produjeron durante la sesión plenaria en la que se aprobó la Norma Territorial Cautelar (NTC) de las Pitiüses hacían ya presagiar que este texto no iba a ser bien digerido por un amplio sector de la población de Eivissa. Casi un mes después de aquella fecha, el balance es de lo más revelador: acciones judiciales contra actos de desobediencia por parte de las constructoras, primeras voces discordantes dentro del Pacte Progressista y una férrea oposición traducida en decenas de alegaciones contra esta moratoria urbanística.
Sin duda, el principal pulso lo mantiene actualmente el Consell Insular contra los responsables de las obras de urbanización de es Pouet, que se niegan a paralizar la construcción a pesar de que han sido requeridos para ello por todos los métodos de que dispone la Administración. En estos momentos el precinto definitivo de la obra y la vigilancia policial permanente para evitar que se retomen los trabajos están en manos del Juzgado de Instrucción número 4, que ha recibido ya una firme petición por parte del Ministerio Fiscal.
En las filas políticas, el primer portazo. Una concejala de la izquierda de Sant Joan abandona su grupo municipal por estar en desacuerdo con el texto y afirma que votará, desde el grupo mixto, lo que más favorezca a los ciudadanos. Y mientras, el Partido Popular recordando sus argumentos de inconstitucionalidad, ilegalidad y arbitrariedad.