El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, emplazó ayer al Govern a que decida de una vez si acepta o no la propuesta de construir cuatro nuevas desaladoras para resolver de una vez el problema estructural de la escasez de agua en las Islas. El ministro explicó que el próximo 5 de septiembre se reúne el Consejo Nacional del Agua para aprobar hidrológico nacional en el que se incluye una inversión de 48.000 millones de pesetas para las Islas en diversas obras de infraestructura hidráulica, entre ellas las cuatro nuevas desaladoras y la ampliación de la centrales de Palma y Formentera.
Matas realizó estas declaraciones durante el acto inaugural de la línea de reserva de la planta desaladora de Palma, que aportará 7.200 metros cúbicos adicionales a la red y que ha sido financiada en su totalidad por el Ministerio de Medio Ambiente. Tras la visita a la planta, el ministro aseguró que ha recibido una carta de la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, en la que se rechaza la construcción de estas nuevas desaladoras. Sin embargo, la propia consellera negó poco después las palabras del ministro y aseguró que el Govern está dispuesto a estudiar estas inversiones, siempre que la propuesta se haga oficialmente y no a través de los medios de comunicación.
El president del Govern también aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a estudiar esta propuesta. No obstante, recalcó que el Govern apuesta inicialmente por la construcción de las infraestructuras previstas en el convenio hidrológico "sa Costera, la ampliación de la desaladora de Palma, una nueva depuradora y obras en torrentes" y se mostró satisfecho de que el ministro se haya comprometido en firme a ejecutar estas inversiones. El ministro aseguró al respecto que estas inversiones no son suficientes para resolver los problemas estructurales de las Islas y reiteró su oferta de financiar íntegramente la construcción de nuevas desaladoras. El ministro aprovechó su intervención para censurar la decisión del Govern de construir las desaladoras portátiles, con un coste de 3.000 millones de pesetas. Consideró «grave» que el Govern haya elegido esta opción ya que ha supuesto «que los ciudadanos de Palma y Calvià tengan que pagar el coste de estos módulos».