Dirigentes del Partido Popular se presentaron el pasado martes en las dependencias de la Comissió Insular d'Urbanisme con un notario para que certifique que el expediente de la moratoria que se encuentra en periodo de exposición pública tan sólo incluye el acuerdo adoptado por el pleno del Consell de Mallorca, según ha podido saber este periódico. Los populares consideran que el proceso de exposición pública puede quedar invalidado ya que no incluye documentación a la que obliga la legislación. Las fuentes consultadas aseguran que el expediente que se expone al público, al incluir tan sólo el acuerdo adoptado por el pleno con el contenido formal de la norma cautelar, no incorpora una seria de informes técnicos y jurídicos obligatorios para justificar las moratorias.
La documentación que se puede consultar en la sede de la Comissió Insular d'Urbanisme tampoco explicita cuáles son las consecuencias de la moratoria y qué terrenos se ven realmente afectados por la norma cautelar del Consell de Mallorca. De hecho, este informe todavía no existe dado que los responsables de la Comissió Insular han reconocido en repetidas ocasiones que hasta que los ayuntamientos no presenten sus informes no se tendrá un conocimiento concreto de cuánto terreno queda afectado por la medida cautelar.
La intención de los populares al levantar el acta notarial es que el Consell inicie de nuevo el proceso de exposición pública por un plazo añadido de 15 días. Los responsables del PP entienden que, tal y como está expuesto en estos momentos el expediente de la moratoria, se provoca indefensión entre los propietarios que puedan verse afectados por la norma cautelar. Por esta razón, en el PP consideran que todo este proceso debe invalidarse para iniciarlo de nuevo con todas las garantías jurídicas. Para los dirigentes del PP, la documentación expuesta no cumple la legislación ya que no permite evaluar las consecuencias de la medida urbanísticas. Desde este punto de vista, los representantes de este partido político aseguran que la personas que se vean afectadas por las medidas cautelares no pueden presentar alegaciones con todas las garantías ya que desconocen parte del expediente de aprobación de la moratoria.