Las diversas medidas urbanísticas de protección del territorio que ha aprobado el Govern en su primer año de gobierno han supuesto la prohibición de construir 34.593 viviendas en suelo rústico con una población potencial de 103.773 habitantes, según las estimaciones que ha realizado el propio Ejecutivo. No se trata de la reciente moratoria aprobada por el Consell sino de las sucesivas normas de protección territorial que ha ido aprobando el Ejecutivo.
Si a estas 34.593 viviendas que se han evitado se suma la prohibición de parcelar grandes fincas con fines meramente urbanísticos, la paralización de viviendas se eleva a 48.300, según este mismo estudio. En este caso, se podían haber edificado viviendas para una población potencial de 145.000 habitantes. El mayor índice de protección del territorio ha venido con la modificación de la Ley de Suelo Rústico. El Govern presidido por Francesc Antich modificó el texto para eliminar determinadas excepciones que permitían construir viviendas en parcelas de entre 7.000 y 14.000 metros cuadrados. Esta supresión ha permitido impedir la construcción de 22.608 viviendas.
Por orden numérico, a esta medida protectora le sigue la prohibición de parcelar grandes fincas con fines urbanísticos. Según los datos que tiene el Govern, se podían haber llegado a parcelar hasta 13.678 fincas. El Ejecutivo admite que es difícil calcular en cuántas parcelas se podían haber dividido estas grandes fincas, pero se da por hecho que podrían haberse alcanzado incluso las 100.000 parcelas.
La tercera medida de protección más importante viene de la prohibición de edificar en las zonas declaradas Areas Naturales de Especial Interés (ANEIS), ubicadas en su mayor parte en la Serra de Tramuntana. Con esta prohibición se ha evitado la construcción de 6.252 viviendas, con una población potencial de 18.756 habitantes.