El Govern balear ha cumplido ya, en su primer año de vida, la mitad de los compromisos de descentralización que adquirió en su programa de gobierno para con los consells insulars. Es una excelente noticia que redundará en beneficios para los ciudadanos de las Islas, que ven cómo cada día la compleja Administración que sostenemos con nuestros impuestos está más cerca, aunque habrá que reclamar a la vez que la descentralización se haga realidad en cuanto a los ayuntamientos, que son, en verdad, las entidades más próximas al ciudadano.
Las ventajas serán especialmente notables en lo que concierne a las Pitiüses y a Menorca, que siempre han estado marginadas por parte de Mallorca, que ha sido quien ha acaparado competencias, administraciones y dineros. De ahí el enorme déficit económico, de servicios e infraestructuras que padecen las islas menores con respecto a la mayor.
Las cosas están cambiando, ya era hora. Y ayer le tocó el turno a una de las competencias más necesarias, la de Bienestar Social, que el Govern cedió a los consells para que éstos gestionen esta área a partir de ya mismo. Se trata de un departamento rico, más que en presupuesto, en contenido, pues acoge asuntos tan delicados como la infancia, la mujer, la tercera edad, discapacitados y marginación social. Todo un mundo que durante décadas ha sido casi despreciado, olvidado, y que reclama atención, inversión y esfuerzo por parte de las distintas administraciones, que deberán aplicar desde ahora sus propias políticas y planes de mejora. Los consells, como es natural, han acogido el traspaso con entusiasmo. Esperemos que toda esa ilusión se transforme rápidamente en proyectos de integración, de ayuda y, en fin, de mejora de la calidad de vida de esos colectivos que, hoy por hoy, necesitan casi de todo.