Cuatro meses después de que el Gobierno habilitara un período especial de regularización de la situación de los inmigrantes en nuestro país, ayer finalizó el plazo bajo la consigna de la tranquilidad. En toda España se han presentado 210.000 solicitudes de regularización y en Balears sólo 4.200. Lo cierto es que en principio el Gobierno había estimado que habría en todo el territorio cerca de ochenta mil inmigrantes «sin papeles» y finalmente la cifra se ha duplicado de sobra, lo que evidencia que este proceso no puede solventarse con un período extraordinario, sino que sería necesario establecer mecanismos permanentes que permitan a los extranjeros que quieran instalarse aquí arreglar sus papeles.
Quizá sorprenda el bajo número de solicitudes presentadas en nuestras Islas cuando nos hemos acostumbrado ya a ver inmigrantes por todas partes. Sin embargo, las autoridades aseguran que nuestra Comunitat es de las que menos presión recibe en este sentido, y basta comparar estas cifras con las de otras zonas: 55.000 en Cataluña, 37.000 en Andalucía, 17.000 en Murcia, 11.600 en Canarias y 10.200 en Melilla.
Los sindicatos y las ONGs que se han encargado de revisar el proceso han mostrado su satisfacción por el buen cauce que han llevado las tramitaciones, pues se estima que finalmente 160.000 solicitudes se resolverán en positivo. Lo malo de esto es que quedarán cincuenta mil inmigrantes sin derecho a papeles y es poco probable que este hecho les induzca a regresar a sus países de origen.
Para el inimgrante por necesidad no hay retorno posible. Pues su existencia como «ilegal» es incluso mejor que la que llevaba en su país. Por eso hay que plantearse el futuro de estas personas que, al carecer de oficialidad, se quedan sin derechos tan fundamentales como la sanidad o la educación.