La Asociación de Promotores, los ayuntamientos gobernados por el PP, el GOB y el propio Partido Popular ya han anunciado la presentación de alegaciones para pedir que se modifique la moratoria aprobada el viernes por el Consell. Dirigentes del PP mantuvieron ayer una primera reunión, pero será la semana que viene cuando se comience a trabajar en el texto de la alegación. Los populares presentarán una alegación tipo para los ayuntamientos en los que gobiernan, pero además se da por hecho que los ayuntamiento del PP afectados por la moratoria también presentarán alegaciones específicas.
La alcaldesa de Andratx, Margalida Moner (PP), aseguró que la norma puede significar la paralización del municipio y aseguró que crea una gran inseguridad jurídica. El alcalde de Escorca, Antoni Gómez (PP), lamentó que no se hayan estudiando las consecuencias que tendrá esta medida cautelar. Margarita Nájera, alcaldesa de Calvià, consideró que se trata de una actuación «positiva y valiente» y afirmó que afectará a algunas urbanizaciones del municipio, aunque no esté claro que la Marina quede afectada. «En cualquier caso, si está afectada, no alegraremos en contra», dijo. También el alcalde de Sóller, Joan Arbona (PSM), consideró positivo el acuerdo del Consell.
La Asociación de Promotores se reunirá también la semana que viene para preparar la redacción de las alegaciones. El vicepresidente de la Asociación, Gabriel Oliver, auguró un alud de peticiones de modificación y afirmó que la propuesta es un «despropósito total». A falta de un estudio en profundidad, consideró un error que se paralicen urbanizaciones que están prácticamente concluidas y aseguró que, si se da este caso, las peticiones de indemnización serán cuantiosas. También consideró un disparate que una norma cautelar pueda durar cinco años. El GOB presentará alegaciones para que se amplíe la suspensión a algunas zonas de la Serra de Tramuntana, para que se reduzca la edificabilidad en suelo urbano y para que se establezcan ritmos de crecimiento.