Un dictamen solicitado por la Conselleria de Benestar Social a servicios jurídicos externos dice que la diputada Rosa Estaràs puede ser acusada por tres delitos en relación a la prórroga de la concesión del albergue de La Victòria a la empresa de Jesús García Oeo, ex concejal del PP en Calvià.
El informe enumera los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento oficial. Estarás se refiere a los hechos como un «error formal» y argumenta que las decisiones se tomaron en consejo de dirección, en el que participa también el Obispado a través de la Fundació per l'Esplai. No obstante, el dictamen solicitado por la consellera Fernanda Caro se centra únicamente en las presuntas responsabilidades de la diputada del PP y hace abstracción de la hipotétic corresponsabilidad del consejo de dirección. El dictamen expone: «Desde 1993, las empresas Cel Obert C.B. e Interjes de Paguera S.L. explotaban el campamento juvenil y el albergue de La Victòria en virtud de sendos contratos con fecha 13-5-93, otorgados por el IBSJ, hoy XIB, organismo dependiente de la Conselleria de Benestar Social. La explotación se concedió por un plazo de seis años. Los contratos establecían un sistema de prórroga automática, si ninguna de las partes notificaba a la otra su voluntad de resolverlos antes del día 13-11-99».
Según el dictamen, «el día 6-11-98 se celebró la reunión del Consell de Direcció del XIB, bajo la presidencia de Rosa Estaràs, entonces consellera responsable del XIB. De acuerdo con la orden del día, se deliberó sobre la prórroga de los contratos y se acordó por unanimidad denegarla y resolver los contratos, acto administrativo que en fecha 10-11-98 se notificó formalmente, anotándose la salida de la comunicación en el pertinente libro de salidas y se tomó acta de la sesión, firmada por todos los asistentes, para su custodia en el archivo de actas, con el número 11».