El Partido Popular ha elegido como escenario el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja "donde se encuentran los primeros textos escritos que se conocen en castellano y en euskera" para lanzar a la opinión pública una declaración que ya está empezando a generar críticas de todas clases. El estudio de la historia «común» de España, la mejora de la calidad de la enseñanza de las humanidades y el desarrollo del castellano son los puntos claves del texto que ha desatado la polémica.
En sí la idea de reforzar la enseñanza de las humanidades (historia, filosofía, lenguas clásicas...) nada tiene de reprochable, todo lo contrario, pero el PP le ha puesto a esta cuestión un envoltorio poco conveniente.
Primero porque cuando hablamos de reformas en el campo de la enseñanza debería ser el Ministerio quien llevara la voz cantante, a través de expertos y profesionales del ramo, y no el partido que lo sustenta. Segundo, porque cualquier modificación que afecta a los estudiantes de todo el país debería atravesar el largo camino de la tramitación parlamentaria para que pudiera añadírsele o quitársele fuerza en vez de utilizar la fórmula del decreto, como pretende el Gobierno. Y tercero, porque en estas cuestiones las comunidades autónomas tienen mucho que decir, al tener transferidas las competencias en Educación y tener algunas de ellas su propia historia y su propio idioma, como ocurre con Balears.
La enseñanza y la educación que demos a nuestros hijos es seguramente lo más sagrado que tenemos, pues de ellas dependerá su forma de pensar y de ver el mundo. El PP lo sabe y por ello ha querido introducir visiones politizadas, centralistas y dogmáticas en asuntos "la historia, la lengua..." que deberían ser únicamente científicos.