El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, Josep Antoni Ferrer, visitó ayer Son Banya, acompañado por la gerente del Ibavi, Teresa García Alba, con la intención de conocer de primera mano la realidad del barrio más marginal de la ciudad, de cara a su desmantelamiento, un proyecto que debe llevarse a cabo mano a mano con el Ajuntament de Palma y, a poder ser, con la ayuda del Estado.
La gerente del Intitut Balear de l'Habitatge cifró en unos 500 millones -partiendo de viviendas de nueve millones- el coste del realojo de las cerca de sesenta familias, de las 90 que actualmente residen en el poblado gitano, que tienen interés y están en condiciones de abandonar las chabolas. Ferrer lamentó que «hablemos de realizar proyectos millonarios, como el de un Palacio de Congresos, y un problema de 500 millones no se solvente».
Según reconoció García Alba «es cierto que las conversaciones con el Consistorio van lentas, pero estamos seguros de que hay interés por las dos partes», si bien no escondió que «la responsabilidad última es del Ajuntament». Explicó que en estos momentos se baraja una doble salida, que el Ibavi construya viviendas nuevas y dispersas en barridas, para lo que Cort debería aportar los solares y se tardaría cerca de tres años, o bien que sea el propio Instiut el que busque viviendas de segunda mano para este fin. En este caso se solicitaría que a la administración central que aportara el 30 por ciento de la financiación, la misma parte de la que se ocuparían Ibavi y Ajuntament y el 10 por ciento restante correría a cargo de los particulares afectados.