La Direcció General de Consum del Govern suspenderá, con casi toda probabilidad, la distribución de la tarjeta ciudadana y sancionará al Ajuntament de Palma por las denuncias de presuntas infracciones en materia de consumo relacionadas con la implantación y gestión del citado servicio, según se desprende de las declaraciones realizadas ayer por Miguel Àngel Cabeza.
Las entidades, sindicatos y partidos políticos integrantes de la Plataforma en Defensa del Bonobús se entrevistaron, ayer por la mañana, con el director general de Consum, Miguel Àngel Cabeza, para conocer, de primera mano, las actuaciones que la Conselleria de Sanitat i Consum piensa llevar a cabo con respecto a la tarjeta ciudadana. El director general de Consum no responderá a las peticiones de la plataforma, hasta el próximo lunes 26 de junio, si bien ha especificado que, existen tres posibilidades concretas, «podemos optar por mirar a otro lado, cosa que no haremos. Utilizar las vías legales para paralizar el proyecto u optar por sancionar y pedir la retirada cautelar de la tarjeta ciudadana», explicó Cabeza. Estos tres ejes de trabajo pueden ser, según Miguel Àngel Cabeza, «complementarios uno del otro y posiblemente lo serán», especificó el director general.
La sección de reclamaciones de la Direcció General de Consum comunicó, el 24 de mayo de este año, a Cort la apreciación de presuntas infracciones en materia de consumo relacionadas con la implantación y gestión del proyecto de tarjeta ciudadana. El Ajuntament de Palma ya ha adoptado varias medidas correctoras con el fin de intentar subsanar las deficiencias detectadas por el Govern balear, siempre en cumplimiento del requerimiento de la dirección general.