La situación que vivimos en Mallorca en estos días es ciertamente preocupante. Y no sólo los residentes. También los turistas sufren las mismas carencias: llegan a Son Sant Joan y no encuentran taxi, se dirigen como pueden a su hotel y allí les informan de que, como consecuencia de los cortes de electricidad, en ese momento no funciona, pongamos, el ascensor. Se les dice que no tendrán agua en sus habitaciones al no funcionar la bomba impulsora, y el horario del almuerzo o cena se verá alterado en función de los apagones. Afortunadamente, todavía no pagan la ecotasa.
Unas incomodidades compartidas, obviamente, por todos los residentes, especialmente los de la Part Forana y la periferia de Palma. Las quejas y denuncias están llegando a los organismos competentes, mientras las patronales ya se plantean pedir indemnizaciones. Esta vez no se ha tratado de un apagón, sino de una sucesión de averías en cadena que GESA ha sido incapaz de resolver en un tiempo prudencial. ¿Por qué? Cabe suponer que el Govern lo averiguará. Por de pronto, los empleados de la compañía denuncian la falta de inversiones de la empresa.
El otro gran conflicto es el de los taxis de Palma, en el que ya están surgiendo voces discrepantes entre los propios profesionales. No se puede parar toda la flota de taxis, voluntariamente o ante el temor de represalias, por un incidente como el ocurrido el miércoles en Son Sant Joan. Quienes alteran el orden público deben asumir el riesgo de una intervención policial. Ahora, al fin, el Ajuntament de Palma ha reaccionado y ha decidido implantar servicios mínimos. Pero Palma está pagando el precio de una permisividad excesiva para complacer a quienes imponen sus criterios a golpe de protestas callejeras.
Ante ambos problemas, los ciudadanos no pueden dejar de expresar su queja por la pasividad de las administraciones, que no han sabido defender los intereses de los ciudadanos.