SELENE PIMENTEL
Escasez de puestos de trabajo, dificultad en el desplazamiento por
calles y aceras, problemas para acceder a edificios públicos y
deficiencia en el sistema de escolaridad es el panorama que a
diario enfrentan muchas personas que sufren algún tipo de
discapacidad y que residen en Palma.
De acuerdo a la última cifra del Inem, los discapacitados demandantes de empleo en Mallorca son 392. Se estima que la mayoría pertenece a Palma. Según la ley de cuotas de reserva, existente desde hace 10 años, toda empresa con más de 50 trabajadores debe reservar un mínimo de 2 plazas para personas discapacitadas, pero la realidad es que no siempre se cumple. Al secretario general de Unión de Asociaciones y Centros de Minusválidos (UNAC), Juan Perera, no le gusta el alarmismo, pero es enfático. «Faltan muchísimos puestos de trabajo. Este tema es todo un reto porque hay mucha discriminación. Todavía hay lugares donde el hecho de tener una discapacidad supone una diferencia, y se supone que en una sociedad moderna y plural la diversidad enriquece el conjunto y no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».
La Coordinadora del Plan Integra de formación e inserción laboral, de la UNAC, Antònia Fontanet, explica que «muchos empresarios no están al corriente de la existencia de esta ley». A pesar de ello, la entidad tiene ubicados a 47 discapacitados en diversos trabajos: oficina, almacén, guarderías y restaurantes. Una cifra bastante corta si se compara con la necesidad real. Fontanet destaca que «no les interesa cualquier trabajo, tiene que ser de calidad. Nos interesa la estabilidad en el empleo».
Actualmente muchas instituciones como la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), la Fundación ONCE y la Asociación de Padres y Amigos de Sordos (Aspas), invierten recursos para lograr insertar laboral y socialmente a personas discapacitadas. Aun así todo parece poco. La jefa del departamento de Servicio Social de la ONCE, Alejandra Duque, manifiesta que el problema parte del empresario.