El Govern aprobó ayer la nueva ley de ordenación del territorio para dar más poder a los consells insulars, y que fija un límite máximo de 5 años para las moratorias urbanísticas, como ya adelantó este diario. Después de muchos meses de negociación el Govern pudo sacar ayer adelante la nueva ley de ordenación del territorio, que modifica un texto aprobado en 1987. Esta ley es el paso previo antes de transferir las competencias de ordenación del territorio a los consells insulars, una decisión que podría aprobarse la semana que viene.
El conseller de Presidència, Antoni Garcias, destacó que la nueva ley prevé que los consells insulars sean los encargados de realizar los planes territoriales insulares. «Los consells se convierten en la herramienta clave de la ordenación del territorio», planteó Garcias, quien recordó que el Govern presidido por Matas quitó competencias a las instituciones insulares a través de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT).
La nueva ley establece que la revisión de los instrumentos de los planeamientos urbanísticos sólo se podrán aprobar cuando se adapten a distintas determinaciones. En concreto, podrán realizarse modificaciones cando se disminuyan los coeficientes de edificabilidad, y se disminuya la altura máxima de las edificaciones, entre otras cosas. El Govern justificó ayer que la nueva ley de ordenación del territorio simplifica el contenido de las Directrices y refuerza el carácter suprainsular para que los consells garanticen el desarrollo económico, controlen el crecimiento y localicen las grandes infraestructuras y equipamientos. En la legislación aprobada por el Ejecutivo desaparecen los planes de ordenación del medio natural, cuya función podrá ser realizada a través de planes especiales de protección, regulados por la futura ley del suelo.