Los taxistas de Palma están convencidos de su derecho a trabajar en exclusiva en el aeropuerto de la ciudad. Ellos alegan tener diversas razones que apoyan su postura y la primera de ellas es que las instalaciones aeroportuarias están ubicadas dentro del término municipal de Palma y «hasta ahora el Ajuntament tenía, por ley, el derecho y la obligación de cubrir en exclusiva en servicio en Son Sant Joan» y por eso consideran que tienen unos derechos adquiridos. Esta exclusividad en el aeropuerto es la que viene a derogar el polémico Decreto.
Una segunda razón esgrimida se refiere a que «la capital balear asumió hace algunos años las 120 licencias de los taxis de clase B, exclusivas del aeropuerto, 17 de ellas arrastradas de Marratxí, donde estaba el antiguo aeropuerto de Son Bonet». El número de licencias concedidas con posterioridad y las mantenidas en activo contaban con esa exclusividad, de modo que de no haber existido éstas, quizá la relación de altas y bajas habría variado, se razona como tercer justificante.
Los taxistas de Ciutat también recelan de la forma de actuar que tienen sus compañeros de la Part Forana pues, se asegura, «el tipo de trabajo que mayoritariamente están realizando en el aeropuerto de forma precontratada es más propio de los vehículos con tarjeta VTC (alquiler con conductor) que de los VT, que son los taxis, algo que nosotros no podemos realizar en las mismas condiciones, lo cual no es justo».