El presidente de la Empresa Municipal de Transportes, Pedro Àlvarez, negó ayer que se hubiera solicitado un plazo de 15 días a la Direcció General de Consum del Govern para aportar una serie de documentación que falta y que finalmente pueda impedir que el expediente informativo abierto por el Ejecutivo autonómico se convierta en un expediente sancionador.
El edil declaró que «se solicitó tan sólo un plazo de siete días, que es lo que se nos ha concedido». Àlvarez achacó la falta información a un error de los funcionarios de Consum «que ellos mismos han reconocido». La Direcció General de Consum aceptó ayer conceder estos siete días de más. Àlvarez espera en esta semana poder firmar el convenio con los estancos de Palma a los que se va a dotar de una máquina para la recarga de las tarjetas, unos cincuenta en total. También a lo largo de estos días de prórroga se confía recibir la respuesta de las entidades financieras colaboradoras sobre la modificación del contrato anunciada.
Como ya adelantó este diario, la Direcció General de Consum tiene abierto un expediente al Ajuntament por irregularidades en la tarjeta ciudadana y que puede concluir, incluso, en su retirada. Las irregularidades detectadas se refieren a vulneración de derechos, discriminación e información engañosa.