P. CANDIA/N. DOMBLÀS
Los servicios jurídicos de la empresa Atlas presentarán hoy en los
juzgados de Primera Instancia de Palma una denuncia por competencia
desleal en contra de Bitel Balears Innovación Telemática S.A. por
haber actuado sin autorización en el mercado de operadores de
Internet. Atlas exige 400 millones de pesetas en concepto de
indemnización y la retirada del accionariado del Govern, que
controla el 46% del capital social de Bitel. Los otros accionistas
son Telefónica (44%) y Sa Nostra (10%).
La denuncia se ha formalizado después de las diligencias previas ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia número 9, que citó a los letrados de ambas partes "Francesc Gilet de Atlas y Lorenzo Ros de Bitel" para que aportaran la documentación necesaria que sustentara sus respectivas tesis. En ese trámite, Bitel enseñó una autorización para operar concedida por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones expedido el pasado 18 de mayo. Según Atlas, «eso demostró de forma fehaciente que Bitel actuó en el mercado sin licencia durante casi dos años». Los representantes de Atlas, asimismo, han obtenido una confirmación verbal por parte del Mercado de las Telecomunicaciones en el sentido de que Bitel había trasgredido la normativa vigente al carecer de permisos, y que por ello iban a enviar el expediente al ministerio de Ciencia y Tecnología para que «obre en consecuencia».
La empresa mallorquina considera que Bitel «desvirtuó la competencia en el sector de operadores de Internet» al hacer uso de fondos públicos (el Govern aportó 190 millones de pesetas a la iniciativa) para promocionar el negocio.
El Ejecutivo que preside Francesc Antich ya ha adelantado sus intenciones de abandonar el accionariado de Bitel y vender su participación a sus socios Telefónica y Sa Nostra. Por el momento, está estudiando la forma más asequible que tiene a su alcance para desprenderse de las acciones, según confirmó la consellera d'Innovació i Energia, Cori Ramón. Bitel fue el proyecto estrella del anterior Govern para promocionar el sector de las nuevas tecnologías, aunque hoy es objeto de acciones judiciales en la vía civil y penal.