El Govern ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que no se opongan a los recursos presentados por las empresas sobre el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente (impuesto ecológico). El último de los recursos presentado por GESA fue estimado por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) sin que el abogado del Ejecutivo presentara alegaciones. Por ello, el TSJB declaró no conforme a derecho la penalización de 253 millones de pesetas que había realizado el Govern a GESA.
El Ejecutivo está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la validez, o no, del impuesto ecológico, en una de las sentencias más antiguas de las que faltan por dictar. Hasta que ello no ocurra, los letrados del Govern simplemente «se allanan» a las demandas, como ocurrió el pasado 15 de mayo con el recurso presentado por GESA. El impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente había sido recurrido, al menos, en otras quince ocasiones, y siempre el fallo fue desestimatorio, con excepción de otras dos sentencias favorables a Repsol y Cepsa.
En Balears, las empresas que están sometidas al pago del impuesto ecológico son GESA, Repsol, Cepsa, CLH y también todas las que afectan a las telecomunicaciones, tanto de telefonía fija como móvil. El impuesto grava las instalaciones que afectan a actividades que inciden sobre el medio ambiente -por contaminarlo, degradarlo o distorsionarlo- y «obligan a la sociedad balear a soportar sus efectos externos», según el Govern. El conseller de Hisenda, Joan Mesquida, ha afirmado con respecto a esta cuestión que «esperamos con atención la sentencia del TC, porque en caso de que sea desfavorable a las tesis que defendemos desde el Ejecutivo, tendremos que devolver unos 9.000 millones de pesetas a diferentes empresas».