Los hoteleros han reducido a «un máximo de 8.000 millones de pesetas» la cantidad que el Govern puede recaudar con la aplicación de la ecotasa en los establecimientos de alojamiento turístico de las Islas. Ese cálculo es sensiblemente inferior al realizado por el Ejecutivo, que maneja la cifra de 12.000 millones. Entre tres y cuatro millones de personas no abonarán el impuesto al alojarse en establecimientos no reglados, es la tesis que defienden los hoteleros.
Un grupo de empresarios celebró una reunión el pasado miércoles para analizar con más detalle el impuesto, a la espera del resultado de un dictamen sobre la validez jurídica de la tasa que encargaron a un bufete de abogados en Madrid. Las opiniones contrarias a la aplicación de la ecotasa se multiplicaron, según pudo saber este diario. Los hoteleros afirman que el impuesto «repercutirá de forma directa en sus cuentas de resultados», porque serán ellos, finalmente, los que tendrán que asumirlo. «Estamos convencidos que los touroperadores no querrán saber nada de la ecotasa», señalaron.
También, los empresarios del sector dudan de la validez de las previsiones económicas realizadas por el Govern, «porque no coinciden las cifras de pasajeros del aeropuerto de Palma con la oferta oficial de alojamiento». Señalan, asimismo, que la pérdida de la competitividad frente a otros destinos también incidirá en una merma del valor de hasta el 3 por ciento de sus inmuebles, y que el «efecto cascada» de la imposición de la ecotasa «tendrá un efecto multiplicador negativo sobre toda la economía de servicios de Balears».