La Direcció General del Consum ha dado un plazo de 15 días al Ajuntament de Palma para que corrija las irregularidades que se han detectado en la tramitación de la tarjeta ciudadana o, de lo contrario, abrirá un expediente sancionador contra el consistorio que puede implicar desde la retirada de la tarjeta hasta una sanción económica de 100 millones de pesetas. Estas presuntas infracciones, vulneración de derechos, discriminación e información engañosa, fueron presentadas por el director general de Consum, Miguel Angel Cabeza ante la necesidad, señaló, «de salir al paso a las afirmaciones que nos acusan de no haber hecho nada con este tema cuando llevamos el caso desde las primeras denuncias, el pasado mes de enero».
En realidad el plazo que tiene el Ajuntament para subsanar las irregularidades es de trece días a partir de hoy ya que la notificación de un posible expediente sancionador se realizó el pasado miércoles.
En una primera fase, los técnicos de Consum han detectado que la citada tarjeta podría vulnerar los derechos e intereses económicos y sociales de los ciudadanos al no mencionar en la solicitud la referencia y Boletín Oficial en el que se publicó el decreto de alcaldía que ponía en marcha la iniciativa.
Asimismo, en este mismo apartado, se contempla la obligatoriedad de hacer firmar al usuario un contrato bancario con «Sa Nostra» o «la Caixa» lo que, al parecer de Cabeza, supone «una imposición injustificada de condiciones».
En lo que se refiere a la presunta vulneración del derecho a la no discriminación el requerimiento de corrección de infracciones habla del apartado numero cinco del Bando del Ajuntament de Palma del que, aseguran, «se desprende que si el usuario de la tarjeta no abre una cuenta corriente o libreta en una de las dos entidades emisoras, al cargarla le cobra gastos de comisión». Estos gastos de comisión, según sus investigaciones, serían de 400 pesetas.
Por último, en lo relativo a la vulneración del derecho a recibir información veraz, la documentación establece un presunto caso de publicidad engañosa ya que, de las informaciones hechas públicas, se desprende que la expedición y mantenimiento de la tarjeta será gratuita, «cuando, en realidad, en dicho contrato existen condiciones que implican el cobro de cantidades por diversos conceptos y en el Bando de junio se permite a la entidades bancarias cobrar por la renovación en caso de perdida, robo o deterioro».