La Direcció General de Consum anunciará mañana que va a abrir un expediente al Ajuntament de Palma por presuntas prácticas ilícitas en el proceso de tramitación de la tarjeta ciudadana, según señalaron a este diario fuentes de la Conselleria de Sanitat i Consum. Este expediente, resultado de denuncias por parte de particulares y entidades ciudadanas y varios meses de estudio, delimitará la responsabilidad de Cort en la obligación de abrir una cuenta en dos entidades bancarias que, hasta ahora, han tenido que aceptar los solicitantes. Asimismo, el expediente abierto profundizará en la posibilidad que el Consistorio haya incurrido en publicidad engañosa, haya impuesto claúsulas abusivas o haya vulnerado el derecho a la información de los consumidores del servicio.
Las mismas fuentes aseguraron que, además de infracciones relacionadas con el departamento de Consumo, Cort puede haber incurrido en ilegalidades que son competencia de otros departamentos como las relacionadas con la protección de datos o la Ley de Contrataciones Generales.
En el caso de que las infracciones sean demostradas y se argumente que la iniciativa vulnera los legítimos intereses de los consumidores, el expediente se transformará, inmediatamente, en sancionador. En este caso las actuaciones pueden variar entre la retirada cautelar de las tarjetas hasta una multa entre las 250.000 pesetas y los 100 millones de pesetas. Esta sanción máxima podría multiplicarse por 10, es decir alcanzaría los 1.000 millones de pesetas, si se demuestra que los beneficios conseguidos por la presunta ilegalidad superan dicha cantidad máxima, aunque este hecho, aseguran los expertos, es poco probable.