El president Antich explicó ayer a las tres presidentas de los consells insulars su proyecto de impuesto turístico, que pretende cobrar en los hoteles, a razón de un euro por persona y día de estancia en las Islas, y al que se oponen los hoteleros. Al margen de este grave escollo, hay todavía ciertos inconvenientes, entre ellos el de que los turistas que no se hospedan en hoteles escaparán al pago del impuesto y que los ciudadanos de las Islas que decidan pasar unos días de descanso en cualquier establecimiento turístico de Balears deberán pagarlo a pesar de ser residentes.
La presidenta mallorquina, Maria Antònia Munar, todavía no se ha pronunciado en firme, pero en principio sigue prefiriendo la opción del IVA turístico que, a todas luces, sería lo ideal, aunque mucho más difícil de conseguir, pues tendría que contar con el aval del Gobierno central. La idea consiste en reclamar para las Islas parte de esos 53.000 millones de pesetas anuales que Balears envía a las arcas de Madrid en concepto de beneficios turísticos. Si esa riqueza se ha generado aquí, es lógico que "al menos en una pequeña parte" retorne aquí. Pero esta propuesta choca de frente con el concepto que sustenta la España de las autonomías, que consiste en captar beneficios de las comunidades ricas para invertirlos en las pobres.
Otra de las posibilidades descartada, la de cobrar el impuesto en aeropuertos y puertos, tenía el inconveniente de la no discriminación, de forma que deberían abonarlo todos los que cogieran un barco o un avión, residentes incluidos.
Así las cosas, sólo queda esperar qué postura final adoptan todas las partes implicadas y ver si los quince mil millones que el Govern piensa recaudar al año sirven, de verdad, para poner a salvo nuestro medio ambiente.