Después de que una gigantesca nube de humo y fuego se llevara por delante el pabellón multidisciplinario del polideportivo Príncipes de España, ha saltado el escándalo. No sólo es lamentable que una de las obras más «modélicas» de la pasada Universiada de Palma haya quedado reducida a cenizas, sino que detrás de ese suceso hay toda una cadena de interrogantes que ponen en evidencia graves deficiencias de las administraciones públicas.
Casi un año después de que se celebrara la Universiada, ahora se descubre que el edificio carece de la preceptiva licencia de actividades; que el sistema de seguridad era, como mínimo, defectuoso, pues ninguna alarma antiincendios puso en alerta al vigilante jurado; y el material supuestamente ignífugo ardió como una tea.
Desde el Ajuntament de Palma se limitan a afirmar que jamás concedieron la licencia de actividades precisamente por considerar que el recinto no era seguro. Bien, si no era seguro debieron haber detenido la celebración de actividades deportivas para evitar una tragedia. Pero han pasado diez meses y ha sido un incendio el que ha tenido que destapar el pastel. Por su parte, desde el Govern se asegura que no habian contratado un seguro del edificio porque, sencillamente, todavía el recinto no es de su propiedad. De acuerdo, no es de su propiedad pero en él practicaban deporte cientos de ciudadanos de estas Islas. ¿Cómo se puede permitir que un centro de estas características estuviera abierto si oficialmente todavía está en manos de la empresa constructora? Y no vale decir que siempre ha sucedido así y que ninguna instalación está en regla. Ya va siendo hora de que se hagan bien las cosas y se cumpla la ley. Diez meses después de la Universiada no se puede decir impunemente que no se cuenta con las licencias oportunas por falta de tiempo.