La factura de 20 millones de pesetas que el Govern pagó a la empresa Equiof el 4 de junio de 1999, poco antes de que el PP abandonara el Consolat de la Mar, fue duramente cuestionada unas semanas después por un informe realizado por la entonces interventora adjunta de la Comunitat, Apol.lònia Andreu. El informe es tan demoledor que, en uno de sus puntos incluso asegura que la forma de actuar de Govern vulneraba «las normas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico que regulan la actuación de la administración pública en materia de contratos y económicofinanciera».
El informe constata que la empresa Equiof prestó sus servicios sin mandato expreso. «Es, en todo caso, dudoso que una entidad mercantil y, por tanto, con ánimo de lucro, preste un servicio sin mandato expreso de la Comunitat. Otra cosa es que éste no esté por escrito y, por tanto, no consta en el expediente que, por otra parte, no se ha tamitado».
El informe añade que Intervención de la Comunitat no puede manifestar sobre la adecuación de la partida presupuestaria donde se imputó el gasto «dado que no se ha llevado a cabo una fiscalización previa que lo permitiera ni se puede asegurar que se han cumplido los requisitos del artículo 44 del decreto 102/1998».