P. CANDIA/N. DOMBLÀS
La magistrada-juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Palma, Carmen Frígola, dictó ayer un auto por el cual
acordó el alzamiento de la suspensión cautelar de las pruebas del
bolsín de interinos del pasado 23 de febrero. Con ello, desbloqueó
todo el proceso de contratación de personal en la Comunitat
Autònoma. Inmediatamente después de conocerse la decisión judicial,
el Govern anunció que a partir de la próxima semana se incorporarán
a la Administración «de forma escalonada» 200 personas que habían
superado las pruebas. La juez había decidido suspender el proceso
de contratación de interinos a través del bolsín debido a los
«graves perjuicios» que se podría causar a los personas que
aprobaron los exámenes. Intentaba evitar la posibilidad de que una
sentencia definitiva pudiera anular estas pruebas a raíz de la
demanda inicial de la Plataforma Balear de Interinos. «Sorprende
esta decisión de la juez, ya que existe un recurso interpuesto ante
el Tribunal Superior de Justicia, y si triunfa nuestra tesis, mucha
gente tendrá que irse a la calle», declaró el presidente de la
Plataforma Balear de Interinos, Tomeu Alcover.
El Govern, nada más recibir la notificación judicial que levanta la suspensión, reiteró que esa decisión «reafirma el modelo» de acceso a la Función Pública diseñado por el Ejecutivo. De este modo, «se demuestra» que el sistema de convocatoria y pruebas selectivas del bolsín es «totalmente respetuoso» con los principios constitucionales de «igualdad, capacidad, mérito y publicidad, requisitos indispensables para el acceso a la Funció Pública», según manifestó ayer el conseller de Presidència, Antoni Garcias, tras el Consell de Govern.
Garcias criticó la «actuación de mala fe y los intereses partidistas» de la Plataforma de Interinos y que «miembros del PP, como la diputada autonómica Margalida Cabrer, hayan incitado a la rebelión» contra el Govern y contra las pruebas ideadas por la Conselleria de Funció Pública para acceder a la Administración pública, por lo que consideró conveniente que «pidieran excusas a los ciudadanos».