Acaba de producirse un enfrentamiento entre Unió Mallorquina y el Govern balear por el asunto de la construcción de viviendas sociales, puesto que ambos defienden posturas diferentes, aunque a ambos les asiste la razón, en parte. Ocurre que las Islas, al ritmo de crecimiento urbanístico actual, tardarán pocos meses en quedarse sin solares urbanos edificables. Y, aunque no ocurra así, el precio de estos solares es tan astronómico "algunos extranjeros pueden permitírselo", que difícilmente podrían construirse en ellos viviendas sociales a precios asequibles.
No se trata, como ocurría antes, de proporcionar viviendas baratas a oleadas de inmigrantes o a ciudadanos de escasos recursos económicos. Según están las cosas ahora mismo en Balears, la inmensa mayoría de sus habitantes se siente incapaz de acceder a cualquiera de las viviendas «normales» que se encuentran en el mercado, por lo elevadísimo de sus precios. Así que la construcción de viviendas sociales o de protección oficial se ha convertido en una necesidad.
Y para ello el Govern propone recurrir a suelo rústico, colindante con las poblaciones, a lo que se opone UM por considerar que esto contradice el espíritu proteccionista que debe presidir el Gobierno autonómico de izquierdas. Y plantea opciones como rehabilitar casas abandonadas y establecer convenios con los ayuntamientos para que cedan suelo público. La idea es buena, pero quizá no baste. Siempre es preferible dejar como está el suelo rústico, aunque en caso de necesidad perentoria tampoco se perdería gran cosa, pues son zonas de escaso valor. Otra opción válida que nadie parece contemplar y muy lógica en un Gobierno de izquierdas como el de Antich sería promover el alquiler a precios bajos para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.