La Oficina de Investigación Patrimonial recibió en el primer trimestre de este año el doble de peticiones realizadas por los jueces de lo Civil y Penal para conocer la cuantía de los bienes de personas que son objeto de alguna causa judicial. Según confirmó un portavoz de la oficina, entre enero y marzo habían recibido 5.600 oficios de los distintos Juzgados, frente a los 2.000 del mismo período del año anterior.
Las personas que son objeto de un seguimiento por parte de esa oficina están incursas en causas judiciales que pueden derivar en responsabilidades de índole civil, explicó el portavoz. La oficina que investigará la solvencia y patrimonio de personas y empresas está situada en los Juzgados de Instrucción, en Vía Alemania, bajo la tutela del decano de los jueces, Pere Barceló.
Centraliza todas las peticiones que formulan los jueces ante Hacienda, Seguridad Social y Tráfico, encaminadas a establecer si la persona o empresa que es objeto de la investigación dispone, o no, de algún patrimonio que cubra su responsabilidad civil.
Todo ello, según explicó el portavoz, «respetando de forma
rigurosa el reglamento de Protección de Datos».
En años anteriores, la investigación patrimonial no se realizaba
con la eficacia requerida porque los servicios no estaban
unificados.
Asimismo, a veces una misma persona podía tener diez causas en diez
Juzgados; en cada causa se pide un oficio a Hacienda para averiguar
si esa persona tiene bienes, con lo cual el trámite se
alargaba.
En un plazo máximo de cuatro días, la oficina accede a los datos requeridos por los jueces, que de esta forma obtienen información veraz y objetiva sobre el patrimonio de los ciudadanos investigados.